Recibo de luz puebla

Recibo de luz puebla

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Según la Unesco, más del 80% de las aguas residuales de los países en desarrollo se vierten sin tratar, contaminando ríos, lagos y zonas costeras. Esta contaminación reduce la disponibilidad de agua y crea un riesgo para la salud pública. La recuperación de los recursos hídricos dista mucho de ser una prioridad en los países en vías de desarrollo; sin embargo, recientemente países emergentes, como México, han mostrado una mayor preocupación por la importancia de reducir la contaminación de los recursos hídricos. El gobierno mexicano estableció el ambicioso objetivo de tratar el 60% de las aguas residuales para 2012. En este contexto, las autoridades federales y locales están evaluando un proyecto a gran escala para el saneamiento del río Atoyac y la presa Valsequillo, que atraviesa la ciudad de Puebla. Este trabajo presenta los resultados de una encuesta de Valoración Contingente a gran escala para estimar la disposición a pagar (DAP) de los hogares como insumo para un análisis costo-beneficio. Los resultados confirman que la gente está preocupada y familiarizada con el problema de la contaminación del agua en la zona y sus consecuencias. La DAP se determina a partir de las variables sugeridas por la teoría económica, en particular el efecto de descomposición de la distancia, que proporciona un criterio de validez. Los hogares están dispuestos a pagar una media de hasta el 3,3% de sus ingresos, mientras que, en términos fiscales, las cifras agregadas de la DAP muestran que las autoridades podrían recaudar los recursos necesarios para financiar este proyecto.

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una empresa mexicana utiliza algas para purificar el aire contaminado en puebla

Como exige la Constitución, el sector eléctrico es de propiedad federal, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controla esencialmente todo el sector; la participación privada y las empresas extranjeras sólo pueden operar en el país mediante contratos de servicios específicos. Los intentos de reforma del sector se han enfrentado tradicionalmente a una fuerte resistencia política y social en México, donde las subvenciones a los consumidores residenciales absorben importantes recursos fiscales.
El sector de la electricidad en México depende en gran medida de las fuentes térmicas (75% de la capacidad total instalada), seguido de la generación hidroeléctrica (19%). Aunque la explotación de los recursos solares, eólicos y de biomasa tiene un gran potencial, la energía geotérmica es la única fuente renovable (excluyendo la hidroeléctrica) con una contribución significativa al mix energético (2% de la capacidad total de generación). Los planes de expansión para el periodo 2006-2015 estiman la adición de unos 14,8 GW de nueva capacidad de generación por parte del sector público, con predominio de los ciclos combinados.

bella (en vivo)

La Cámara de Diputados de México aprobó en la madrugada del miércoles un polémico proyecto de ley que revierte las reglas del sector eléctrico, dando prioridad en el orden de despacho a los activos de generación propiedad de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores del sector privado.
La propuesta de ley daría prioridad en el orden de despacho primero a las centrales hidroeléctricas de la CFE, y luego a sus centrales de fuel-oil, nucleares, geotérmicas y de gas natural de ciclo combinado, independientemente de su coste, según una cartilla sobre el proyecto de ley publicada por los analistas de EY México. Los generadores del sector privado quedarían relegados al final del orden de despacho.
El proyecto de ley también permitiría a las plantas de la CFE que entraron en funcionamiento antes de la reforma energética de apertura de mercado de 2013 obtener certificados de energía limpia; eliminaría la obligación de la CFE de comprar electricidad a través de subastas; permitiría a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revocar los permisos de autoabastecimiento de electricidad; y permitiría la modificación y/o la terminación anticipada de los contratos de compra de energía entre la CFE y los productores independientes de energía (IPP).

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lift n place – servicio y operación de loadall

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió el viernes pasado al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos y otorgar al Estado un mayor control sobre el otorgamiento y la revocación de permisos en el negocio del petróleo, el gas y la petroquímica.
López Obrador dijo el lunes que el proyecto de ley estaba diseñado para «eliminar las aristas más agudas» de la reforma energética de 2013-2014 que abrió el negocio de la energía a la industria privada, y que protegería a los ciudadanos de «la voracidad de algunas empresas.»
El grupo comercial de vendedores de combustible de México, Onexpo Nacional, dijo que el proyecto de ley contenía «elementos que contradicen los principios y reglas establecidos por la constitución sobre la participación del sector privado en la industria petrolera.»
Preocupa especialmente el lenguaje del proyecto de ley que permite confiscar los permisos basándose en un criterio de «peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional». El proyecto de ley establece que, en caso de revocación, el gobierno o la empresa estatal correspondiente asumirían la responsabilidad del permiso de explotación.

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